Martirologio de la prensa libre. (*)
De diversas maneras puede la dictadura ejercer su dominio sobre la prensa. Una, mediante reglamentaciones que cercenen su libertad; otra, acallándola brutalmente; una más, apoderándose de todos o casi todos sus órganos. De esos tres procedimientos se valió la dictadura peronista.
Tuvo, sin embargo, algunos antecedentes. Desde luego, en los países totalitarios, y también en el nuestro, durante la presidencia de Castillo.
La notoria influencia ejercida entonces por los agentes nazis y la necesidad de silenciar la opinión adversa a la política internacional del gobierno manifiestamente favorable al llamado eje Roma-Berlín, determinó al decreto del 16 de diciembre de 1941 que declaró el estado de sitio “con carácter preventivo” en todo el territorio de la República. Juzgábase necesario reprimir las actividades tendientes “a exacerbar las pasiones despertadas por la guerra, que perturbando el orden comprometen la tranquilidad pública con incitaciones subversivas y muestras inconvenientes de expresión”.
De inmediato se hizo saber a los directores de diarios que “en virtud de instrucciones superiores”, debían abstenerse “de comentar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo, así como de toda apreciación tendenciosa sobre la situación internacional y de cualquier publicación que pueda perturbar la tranquilidad pública interna”.
Con ese decreto comenzó el avasallamiento de la prensa, sobre todo de la que no era subvencionada por los nazis porque la otra gozaba de especial tolerancia. Repetidas suspensiones sufrieron en 1943, antes o después del 4 de junio (1), “Critica”, “Noticias Gráficas”, “La Vanguardia” y “Argentina Libre”, de la Capital; “El Litoral” y “El Orden”, de Santa Fe; “Tribuna”, de Rosario; “La Gaceta”, de Tucumán; “El Intransigente”, de Salta; “La Época”, de Concordia; “La Unión”, de Rio Gallegos; “El Orden”, de Nueve de Julio; “La Hora”, de Tres Arroyos; “Tribula” de Rio Cuarto; y “Los Andes” y “El Diario”, de Mendoza. “La Provincia”, de Salta; y “El Debate”, de Jujuy, fueron clausurados, y “Crónica”, de Rosario, amonestado.
El sistema persecutorio se perfeccionó con la Oficina de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la Nación, creada bajo el gobierno del general Ramírez, el 21 de octubre de 1943. El 9 de noviembre siguiente se detallaron sus fines y el 31 de diciembre se organizó la subsecretaría de igual nombre, a la que se dio importancia de ministerio.
Su mentido propósito era el de “asegurar la dignidad del derecho de libre expresión de las ideas y contribuir a la defensa y exaltación de la tradición histórica, de la cultura y de los valores morales y espirituales del pueblo argentino”; su intención real era la de fiscalizar las actividades de la prensa, la radiodifusión, la literatura social y política, el teatro, el cinematógrafo y los espectáculos públicos; impedir la libre actuación de las agencias y corresponsales extranjeros, especular con el abastecimiento de papel y de película vírgenes para el logro de fines tendenciosos, difundir la ideología oficial y organizar la propaganda del Estado y de sus dirigentes. Hacer, en una palabra, lo que Goebbels (4) quería que fuera la prensa bajo el régimen nazi: un piano en el que su ministerio de propaganda ejecutara de tal modo que no hubiera sino “una sola opinión pública”.
Su modelo fue e “Sottosegretariato per la Stampa e Propaganda” del régimen mussoliniano. “En realidad –dice el informe de la Comisión Investigadora Nº 21- tanto la organización italiana como luego el ministerio de propaganda hitlerista, al igual que el sistema del comunismo ruso, coinciden en sus objetivos fundamentales. Era, en principio, la relación intima y constante “entre la opinión pública y el régimen”, por encima de la opinión y la discusión libre de los asuntos del Estado. De acuerdo con este sistema, el Estado retenía y ejercitaba el patrimonio exclusivo de la verdad inconmovible sobre hechos e ideas. La censura entre nosotros llegó a ser tan rigurosa que nos enfrentó al hecho inusitado de prohibir la publicación de las renuncias de ministros o las actuaciones públicas de comisiones investigadoras. Y algo más definitivamente sensacional: prohibir la publicación de un discurso pronunciado por el propio presidente de la República en la ciudad de Mendoza”.
La reglamentación sobre las actividades de prensa implicaba una nueva forma de coartar su independencia, imponiendo sanciones a quienes violan sus preceptos. Estas eran, progresivamente, las de “amonestación, suspensión, eliminación del registro respectivo, clausura del periódico, clausura de la empresa, incautación de la maquinaria y demás elementos”.
O sea la confiscación, “borrada para siempre del Código Penal argentino”, por expresa disposición del artículo 17 de la Constitución Nacional. “Con dicho acto, ejercitado sin escrúpulo por la dictadura –prosigue la Comisión mencionada- se penetró decididamente en el terreno arbitrario, prepotente y absoluto del régimen totalitario, retrotrayéndonos a las épocas más tenebrosas e infames de nuestra historia.”
A partir de entonces se persiguió implícitamente al periodismo independiente. El 5 de junio de aquel año, es decir al día siguiente de la revuelta militar, el correo no distribuyó “La Vanguardia”; el 7 se clausuró el diario “La Hora” el 12 “El Diario”, de Paraná. Antes de terminar el mes se suspendió a “Los Andes”, de Mendoza, y se cerró “Argentina Libre”, cuyo director debió asilarse en la embajada del Uruguay.
La dirección de Correos publicó por esos días una larga lista de periódicos cuya circulación estaba prohibida. “La nómina –sigue diciendo el informe referido- comprende 109 publicaciones nacionales y 79 extranjeras”. Las prohibidas, editadas en la Argentina, se dividen así: Capital Federal, 90; provincia de Buenos Aires, 10; Córdoba 4; Corrientes, 1; Entre Rios, 1; Mendoza, 1; San Juan, 1; Formosa, 1. Las extranjeras: Chile, 13; Estados Unidos, 22; España, 4; México, 20; Uruguay, 13; Bélgica, 1; Cuba, 1; Venezuela, 1; República Dominicana, 1; Rusia, 1, Esta lista es convencional, pues los diarios censurados fueron muchos más.
“Colma el inicuo acosamiento emprendido contra la prensa libre en ese año de 1943 la detención de gran número de sus directores. Centenares de hombres y mujeres son encarcelados por el tremendo delito de opinar. El 7 de julio el periodista norteamericano Frank Breese, encargado del manejo de las noticias del exterior e interior de U.P., es asaltado, golpeado y herido por “desconocidos”, según la versión policial.
“Se allanan las editoriales Claridad y Problemas, recibiendo la prensa en esa oportunidad orden terminante de no publicar nada al respecto. Cuando cae Mussolini –julio 25- la prensa y la radio reciben instrucciones precisas sobre lo que deben o no deben publicar y los titulares a emplearse. En la mayoría de las provincias se adopta el procedimiento, cada vez más riguroso, de acallar la libre expresión, reemplazada por la voz oficial.”
El 24 de octubre se pasó una circular a los diarios haciéndose saber que no debía “informarse sobre ninguna noticia de carácter estudiantil, sea oficial o no, con excepción de las que dé a conocer, exclusivamente la Oficina de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la nación”. Y agregaba que en esa prohibición hallábanse comprometidas las renuncias, cesantías, notas y comentarios de los miembros de las universidades, facultades, colegios nacionales, etcétera, pudiendo publicarse únicamente las fechas de reunión de las mesas examinadoras. Otras circunstancias prohibieron dar noticias referentes a cláusulas y superaciones de publicaciones y paros obreros.
“Las condiciones reinantes en el año 1943 –prosigue el informe- muestran que las disposiciones del decreto de estado de sitio, dictado el 16 de diciembre de 1941, que originalmente estaban referidas a las situación internacional, fueron pretexto para atacar al periodismo independiente y al movimiento obrero. Las prohibiciones a los diarios de hicieron cada vez más estrictas. Así, por ejemplo, la crónica parlamentaria en cuanto se refiera a las cuestiones más candentes del momento no podía ser transcrita ni comentada. El atentado de que fue objeto el escritor Waldo Frank se mantuvo en penumbra y no pudo pasar de las escuetas noticias de la información oficial, silenciándose las medidas adoptadas por el gobierno. No podían darse las noticias vinculadas con el conflicto de propietarios y conductores de autos colectivos (3), ni tampoco transcribir discursos pronunciados en actos públicos y, en especial, los que tenían relación con la carestía de la vida. Y, como detalle característico, la prohibición se ensañaba con cualquier indicio de una posición democrática argentina. En tal sentido, la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, de la Cámara de Diputados, no sólo no pudo hallar eco periodístico durante ese año, sino que tampoco le estaba permitido mencionar siquiera la prohibición que pesaba a ese respecto.”
En febrero de 1944 el señor Adolfo Lanús, ex gobernador de La Rioja y entonces presidente del Círculo de la Prensa, fue traído preso desde aquella provincia.
En agosto la policía federal allanó y destruyó la imprenta de Ranelagh, que editaba subrepticiamente la mayor parte de los periódicos de la resistencia, proliferados a partir de julio de 1943. Sin embargo, la difusión de las hojas impresas o mimeografiadas prosiguió sin descanso. Tales eran, entre otras: “El Garrote”, “El Himno Nacional”, “¡Urquiza, despierta!”, “la Voz de Mayo”, “Maipú”, “Libertad”, “Resistencia”, “Mayo”, “¡Presente!”, “Llamada”, “Joven Argentina”, “En la pendiente de la humillación”, “1918”, “Libertad y reforma”, “Libertad, Constitución y Democracia”, “Carta de la Libertad”, “Sarmiento”, “Las ideas no se degüellan”, “El Constitucional”, etcétera.
También en agosto se allanó “La Unión”, de Paraná, y su director, don Silvano Santander, fue arrestado.
En septiembre un grupo de periodistas argentinos, verdaderos héroes en su momento, hicieron un llamado a “los hermanos de América” sobre presos políticos cuyos nombres se prohibió publicar.
Se allanaron o clausuraron “El Comercio”, de San Rafael, Mendoza, “Tribuna”, de Tandil, Provincia de Buenos Aires, y “La Provincia”, de Salta. “La Gaceta” y “La Unión”, ambos de Tucumán, fueron amonestados. Se suspendieron “La Acción”, de San Juan, y “La Voz del Pueblo”, de Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires, por emitir juicios desfavorables al gobierno. Los directores de algunos de esos periódicos fueron encarcelados.
En octubre, el dictador en cierne creyó necesario decir algo sobre la libertad de prensa, que por todos lados era avasallad. Cuidábase todavía de desconocerla expresamente. “La libertad es el clima natural de la prensa y fuera de ella vive amordazada”, expreso entonces. Pero agregó: “A lo que nos opondremos y nos seguiremos oponiendo con toda la fuerza de la autoridad es a esa arbitraria invocación a la libertad de expresión con que encubren campañas destinadas a confundir y desorientar a la opinión pública”. Y añadió: “Las linotipias y las rotativas no pueden ser impunemente convertidas en armas de perturbación económica, de disolución social, ni de vehículos de idearios extraños, ni de ambiciones políticas, ni de desahogos personales”.
Como estaba en poder del gobierno la facultad de determinar cuáles eran esas “armas” y “vehículos”, continuó la persecución implacable.
El 6 de noviembre se arrestaron en Bahía Blanca 65 personas por repartir hojas mimeografiadas. El 25 de ese mes “EL Liberal”, de Balcarce, provincia de Buenos Aires, fue clausurado y su director detenido. Causa: artículo titulado “Queremos libertad”.
En junio de 1945 partió al exilio el profesor y ex diputado Américo Ghioldi, director de “La Vanguardia”. En las cárceles de Villa Devoto, Paraná, Neuquén y otros lugares del país quedaron recluidos muchos periodistas; otros vivían en la expatriación.
El 25 de julio de 1945 estalló un petardo en el Círculo de la Prensa y ocasionó graves daños materiales. El 2 de septiembre se atacó a “Critica” por grupos de matones. En el tiroteo cayeron dos más muertas y treinta y tres heridas. En noviembre aumentaron las trabas del correo para la distribución de diarios.
El 1º de febrero de 1946, el subdirector de “Noticias Gráficas”, Alberto De Simone, fue secuestrado, torturado y herido por “desconocidos” que usaban un automóvil de la Policía Federal.
El gobierno del general Farrell, del cual formó parte Perón hasta octubre de 1945, había cumplido con la misión intimidatoria señalada por los consejeros totalitarios.
El ambiente ya estaba preparado para la dictadura y los medios a utilizarse ya se habían ensayado. Solo faltaba “el dictador” que los empleara en su provecho.
NOTAS:
(1) (nota del transcriptor) de 1943.
(4) (nota del transcriptor) El ministros de propaganda Nazi, en el peronismo ese lugar fue ocupado por Apold.
(3) (nota del transcriptor) En los años 1940 empiezan a funcionar ciertos automóviles de alquiler y taxis en recorridos predeterminados transportando varios pasajeros a la vez, es el origen de lo que hoy conocemos como “colectivo” “bus” “Autobus” “Bondi”, etc. este medio de transporte llamado “colectivo” es de invención argentina.
(4) (nota del transcriptor) El ministros de propaganda Nazi, en el peronismo ese lugar fue ocupado por Apold.
(3) (nota del transcriptor) En los años 1940 empiezan a funcionar ciertos automóviles de alquiler y taxis en recorridos predeterminados transportando varios pasajeros a la vez, es el origen de lo que hoy conocemos como “colectivo” “bus” “Autobus” “Bondi”, etc. este medio de transporte llamado “colectivo” es de invención argentina.
FUENTE
(*) Libro Negro de la Segunda Tiranía –Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de La Nación - Buenos Aires 1958 – Páginas 88 a 92.
