La comunidad internacional ha planteado, como punto fundamental para superar la crisis, que Manuel Zelaya Rosales regrese a la presidencia de la República y que complete el período para el cual fue electo. La propuesta del Presidente Arias también parte de esa premisa, aunque agrega que don Manuel retornaría al país con poderes reducidos, que renunciaría a la convocatoria de una asamblea constituyente y que dirigiría un gobierno de “reconciliación nacional”. Su propuesta es completada con la otorgación de una amnistía que cubra lo ocurrido antes, y después, del 28 de junio. Es así, como dicen ellos, se resolvería la crisis. Pero, ¿será esto así? ¿Habremos en efecto resuelto la crisis y reconciliado la familia hondureña? Me parece que no. Que lejos de superar la crisis, la agravaríamos. Veamos por qué.
En primer lugar, el retorno de don Manuel implica reconocer que todo lo actuado fue ilegal e inconstitucional. En efecto, que no es nuestra Corte Suprema de Justicia la última instancia para la interpretación de nuestras leyes y la Constitución. Esa última instancia, a partir de ese momento, sería la comunidad internacional. Las opiniones de nuestra Corte estarían sujetas al parecer de la comunidad internacional, siempre que esta decida inmiscuirse en nuestros asuntos. Claramente que esto llevaría al debilitamiento del poder judicial, lo cual, aunado al retorno del triunfante don Mel, llevaría a la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Con el debilitamiento del Poder Judicial sufriría también el estado de derecho. Irónicamente, la comunidad internacional, que tanto aboga por el fortalecimiento del estado de derecho, estaría causando su debilitamiento.
¿Y qué decir del Poder Legislativo? El retorno de don Mel implicaría aceptar que el Congreso actuó ilegal y festinadamente. Nuevamente, veríamos un congreso debilitado y supeditado al Poder Ejecutivo. Puesto en otras palabras, veríamos el debilitamiento de dos poderes del estado y su supeditación al Poder Ejecutivo. Ya puede el lector imaginarse a lo que se presta esto.
Veamos ahora a don Mel, y supongamos por un minuto, que firma de buena fe lo que le presenta don Oscar Arias. Sé que esto implica un enorme acto de fe porque todos conocemos a don Mel. A mí en lo personal me consta como en una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional ofreció tomar una cierta decisión, y luego hizo lo contrario. Pero para propósitos de nuestra discusión démosle, aunque ingenuamente, el beneficio de la duda. Recordemos que la constitución le otorga ciertos poderes al Ejecutivo, y que estos seguirían vigentes a pesar de lo que don Mel haya firmado para regresar al poder. En otras palabras, ni la constitución, ni nuestras leyes le impedirían deshacerse de quienes hayan integrado el gobierno de reconciliación y no sean de su confianza. El único obstáculo sería la palabra empeñada con don Óscar Arias. Pero, ¿y si el “soberano se lo demanda”? ¿Cómo podría don Mel, fiel servidor del “soberano”, negarse a lo que este le pide?
¿Y qué decir de la asamblea constituyente? ¿Piensa usted que los “revolucionarios”, alentados por el apoyo de la comunidad internacional, y envalentonados por el retorno de don Mel, cesarían en sus intentos porque se convoque a esta asamblea? Aunque don Mel tratara de cumplir con lo prometido a don Óscar Arias, veríamos la continuación de las protestas, la toma de calles y carreteras, el tumulto y el desorden hasta que, nuevamente atendiendo a las presiones del “soberano” don Mel capitule y convoque a una asamblea constituyente.
Pero esta no sería una asamblea como las que hemos visto en el pasado, donde los candidatos fueron propuestos por los partidos políticos. En este caso serían los “sectores populares”, los campesinos, los trabajadores organizados, las etnias, los patronatos, en fin, todos los “marginados y olvidados” quienes propondrían los candidatos a la asamblea. Ya puede uno imaginarse la nueva constitución que sería aprobada. Siguiendo el patrón chavista, seguramente se fortalecería el poder del presidente de la República, por medio de la sumisión de los otros poderes del estado, se limitaría los derechos individuales, particularmente los referidos a la propiedad y a la libertad de expresión, y se permitiría la reelección indefinida de quienes se “sacrifiquen” para gobernarnos. Por supuesto que en el camino desaparecerían los partidos políticos para ser sustituidos por un nuevo partido al servicio del caudillo que nos gobierne. Siguiendo la buena práctica marxista, no habría diferencia entre el partido y el gobierno.
¿Es esto lo que deseamos? Seguramente que no y por tanto nos sumiría en otra crisis. En ese momento, ¿piensa usted que la comunidad internacional vendría a librarnos de don Mel? Por eso, el retorno de don Mel a la presidencia de la República es simple y sencillamente imposible. La comunidad internacional, en el mejor de los casos, ve nuestra crisis como un ejercicio académico. Después de todo, ellos no sufrirán las consecuencias de sus decisiones. Para nosotros los hondureños no se trata de un tema académico sino que de la defensa de nuestros derechos, comenzando con el derecho a la vida, a la libertad, y a la propiedad.
